Manifiesto de organizaciones y redes de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe frente a Beijing +30 - Foro de ONGs Feministas y de Mujeres de América Latina y el Caribe

Santiago de Chile, 3 de diciembre 2024

Las Mujeres, las juventudes, las adolescencias y las niñas de ALyC en todas sus diversidades DECIMOS:
En 1995, representantes de los países del mundo incluyendo los de América Latina y el Caribe se reunieron en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, en Beijing, China, y suscribieron la Declaración y la Plataforma de Acción; asumiendo compromisos en torno a objetivos estratégicos para los derechos humanos de todas las mujeres; y medidas para su progreso y el logro de la igualdad de género. A 30 años, no se ha logrado cumplirlos plenamente,
especialmente en nuestra región. Frente a esto ONU Mujeres releva la necesidad de actuar para acelerar el cumplimiento y señala aceleradores para lograr la igualdad de oportunidades de todas las mujeres, las juventudes y las niñas. (ONU Mujeres, 2024)
Las organizaciones de mujeres y juventudes feministas, urbanas y rurales indígenas, trabajadoras, afrodescendientes, de base, con discapacidad de la región expresamos que, pese a los importantes avances en la implementación de la Plataforma de Acción, estos no han impactado del mismo modo en todas las áreas ni a todas las mujeres, las juventudes y las niñas dado el dispar compromiso de los países. Es imperioso garanticen los derechos humanos de todas las mujeres, en sus diferentes ciclos de vida y en sus contextos particulares; desde una perspectiva intercultural, interseccional, integral,
antirracista, anticapacitista y decolonial que integre a poblaciones históricamente excluidas del diálogo.
A las deudas persistentes de brechas de desigualdades, discriminaciones y violencias se suman nuevos retos debidos a las transformaciones sociales, políticas, económicas, laborales, tecnológicas y ambientales que ocurrieron en estos tres decenios Esto ocurre en un contexto en el que el deterioro de la institucionalidad pública en muchos países de la Región, la corrupción, la falta de transparencia, la polarización y la conflictividad política, así como el avance del crimen organizado, han erosionado los sistemas democráticos. La captura corporativa del Estado y sus instituciones privatizadas, impone decisiones particulares e interfiere de manera indebida en la vida pública. La cooptación institucional de la administración de justicia conlleva la impunidad de los actos de corrupción y de los delitos de narcotráfico. Todo ello impacta desproporcionadamente en la vida de las mujeres, las niñas, las adolescencias y las juventudes en todas sus
diversidades e interseccionalidades.

En la actual crisis económica, las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y precariedad; y son mayoría en empleos de baja remuneración y en la economía informal. Soportan la carga de responsabilidades del trabajo de cuidado; que aún no es reconocido como trabajo y cuyo valor económico es invisibilizado en la mayoría de las cuentas públicas nacionales, EXIGIMOS a los gobiernos de la región que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres promoviendo una mayor autonomía y bienestar.
INSTAMOS a los gobiernos de la región a que incorporen la agenda de la Economía Justa del Cuidado que reconozca las contribuciones de las juventudes y mujeres, especialmente las de base, al desarrollo de las sociedades del cuidado y las respete y recompense a través de una inversión sostenida en el fortalecimiento de sus medios de vida, el acceso al capital productivo, la protección social y una remuneración decente por el trabajo de cuidados.
INSTAMOS a los gobiernos de América Latina y el Caribe a implementar reformas fiscales basadas en criterios de equidad y progresividad, asegurando que los sistemas tributarios no perpetúen desigualdades, sino que contribuyan a reducirlas. Destinen fondos adecuados para políticas de igualdad de género, protección social, prevención y atención de la violencia de género y el empoderamiento económico, especialmente para las más vulnerables.
La violencia de género lejos de reducirse no ha cesado de incrementarse y de mostrar su multidimensionalidad. Los feminicidios, transfemicidios, lesbicidios, infanticidios y la violencia vicaria, expresan, además, el crecimiento de las
formas extremas de violencia en toda la región. Mujeres y niñas en toda su diversidad son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. No todos los países de América Latina y el Caribe reconocen el feminicidio y aún menos, el
trans feminicidio y las otras formas de violencia mencionadas; dejando a muchas víctimas sin acceso a la justicia y permitiendo que los responsables queden impunes.
Las violencias extremas de género como la trata con fines de explotación laboral o sexual y la desaparición de mujeres y niñas, facilitadas en contextos de crimen organizado, movilidad humana, minería y otras explotaciones ilegales, que afectan particularmente a niñas, jóvenes y mujeres indígenas especialmente en zonas fronterizas, son fenómenos crecientes en
todos los países de la región. También, la represión por parte de las fuerzas del orden, el perfilamiento racial, el acoso, la violencia física y psicológica, los asesinatos y las restricciones a la libertad de asociación y el cierre de espacios
cívicos que enfrentan las organizaciones de mujeres defensoras de los derechos humanos: de la tierra, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, afrodescendientes; de los derechos laborales, como las mujeres sindicalistas y las mujeres trabajadoras sexuales; las defensoras de los derechos de las mujeres con discapacidad, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, incluidas las que abogan por el acceso al aborto seguro; las mujeres en situación de prostitución, y las comunicadoras y periodistas, entre otras. En el contexto de conflictividad social y crimen organizado creciente en
los países de la región, las mujeres que hacen vida política activa en organizaciones partidarias, sociales, comunitarias o como autoridades electas enfrentan mayores amenazas; algunas concretadas en asesinatos. Para estas y otras formas de violencia de género, persisten serias deficiencias para poder denunciar, acceder a la justicia, recibir protección oportuna sin ser re victimizadas y garantizar la pertinencia cultural de ellas y sus familias en su atención y en la prevención, El mundo del trabajo no se encuentra exento para la diversidad de mujeres, y juventudes, de violencia y acoso.
Por lo anterior, URGIMOS a los gobiernos de los países de la región a que:
I ) incluyan a la violencia de género como un problema de salud pública;
ii) continúen reconociendo y garantizando la investigación y sanción efectiva de los feminicidios, transfemicidios, lesbicidios y la violencia hacia las infancias (infanticidios y violencia vicaria) así como su ejecución en grado de tentativa, como figuras penales;
iii) establezcan mecanismos de acceso a la justicia, y a la reparación integral del daño a las víctimas de todas las formas de violencia y a sus familiares; iv) las personas funcionarias públicas reciban capacitaciones continuas para el abordaje de las situaciones de violencia que incluyan, las perspectivas de derechos humanos, género, interseccionalidad, interculturalidad,
antirracista, anticapacitista e integren a poblaciones históricamente excluidas, vulnerabilidades e invisibilizadas; v) ratifiquen e implementen de manera efectiva el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y
vi) amplíen los marcos de protección a las mujeres que participan de la vida política activa, las defensoras de derechos humanos de las mujeres, periodistas y comunicadoras; garantizando su vida y su seguridad personal.
La Plataforma de Acción no contempló la violencia digital y la algorítmica, producto de la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; que se manifiesta en el acoso y abuso sexual online (grooming) y el ciberacoso, la persecución y el espionaje digitales (ciberstalking) entre otros. URGIMOS a los gobiernos a garantizar que las mujeres, juventudes, adolescencias y niñas en toda sus diversidades, particularmente las que viven en ámbitos rurales y/o con discapacidad, accedan a infraestructura, dispositivos y tecnologías adecuadas que permitan su integración plena a
la vida social, política y económica; y, se garantice espacios digitales libres de discriminaciones y violencias; creando, reforzando y haciendo cumplir leyes, normas, medidas de control y monitoreo permanente que sin afectar la libertad de expresión impida la violencia de género digital y algorítmica.
La mayoría de los países de la región ha realizado pocas o esporádicas acciones para la prevención, en la mayoría de las realizadas, no cuentan con evaluaciones, ni mecanismos de monitoreo sistemáticos. Además, en algunos países se han eliminado o desfinanciado los mecanismos de adelanto de la mujer, planes y leyes destinados a prevenir la violencia de género. El cambio de patrones socioculturales que reproducen la violencia es una prioridad urgente. INSTAMOS a los gobiernos a declarar el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género; y a crear, incluir,
aumentar y monitorear programas de prevención de la violencia de género en sus presupuestos a fin de erradicarla. La magnitud de la violencia basada en género en la región es alarmante y tiene implicaciones familiares, sociales, y económicas muy graves.
El acceso a los Derechos Sexuales y Reproductivos es una deuda, incluidas las limitaciones del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que aún es criminalizado y prohibido en muchos países de la región hasta en casos de embarazos de niñas por violación sexual y/o incesto; y que tiene como consecuencia muertes y enfermedades debido a abortos inseguros. El
embarazo en la adolescencia junto al matrimonio o unión convivencial de niñas, son frecuentes y los países no los han atendido según lo aprobado en Beijing.
Asimismo, la falta o sesgos en la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, junto con el deficiente acceso a servicios de salud y a métodos anticonceptivos, aumentan los riesgos en especial en las niñeces y las adolescencias. Así como el inexistente acceso a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con pertinencia intercultural, y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. EXIGIMOS a los gobiernos de la región a que revisen sus políticas en
materia de salud y derechos sexuales y reproductivos para eliminar la maternidad precoz y disminuir las muertes maternas. Es necesaria la despenalización del aborto, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y a la Educación Sexual Integral (ESI) con pertinencia intercultural, tradicional y ancestral, basada en evidencia para que las mujeres, juventudes, adolescencias y niñas en toda sus diversidades puedan tomar decisiones libres, previas e informadas sobre su sexualidad y su reproducción. INSTAMOS también a, que se elimine cualquier criterio o fundamento, religioso o de cualquier otro tipo, que por acción u omisión, impida que las niñas, juventudes, adolescencias y mujeres en sus diversidades accedan a sus derechos humanos; especialmente se elimine la negativa a permitir a las mujeres, juventudes, adolescencias, niñas y
diversidades con discapacidad decidir libremente sobre su maternidad. 30 años después de Beijing, el modelo de desarrollo inequitativo, extractivista y monopólico; y las condiciones de desigualdad y pobreza estructurales que lo
sostienen, tienen consecuencias devastadoras en la vida y la salud integral de millones de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas de la región.
La destrucción de bosques, el uso, apropiación y acaparamiento de la tierra y el agua para emprendimientos mineros y energéticos, entre otros, deterioran el ambiente empeorando la crisis climática y aumentan el desalojo forzoso y
violento de territorios y de pueblos que dependen de ese ambiente para su subsistencia y preservación de su cultura. Esto junto a la violencia estatal y paraestatal y el rechazo a la política movilizan importantes contingentes de
población de la región, incluidas muchas mujeres defensoras que fueron acosadas y violentadas en sus derechos. La necesidad de acceso al mundo laboral, incrementa la feminización de los flujos migratorios, insertándose en los
países receptores en condiciones laborales precarizadas y mal remuneradas, con escaso acceso a los sistemas de protección social. En el tránsito migratorio y en los países receptores, las mujeres y jóvenes, así como niños y niñas y adolescentes con los que se movilizan, están expuestos a más riesgos en cuanto a discriminación, explotación laboral y sexual, tráfico de migrantes y trata de personas. DEMANDAMOS a los gobiernos a tomar medidas urgentes de protección contra la violencia que se despliega en los territorios y a erradicarla; fomentar la integración económica, con garantía de derechos laborales y protección social, para la diversidad de mujeres y jóvenes, facilitar su permanencia en sus pueblos y territorios; e implementar políticas que atiendan a las necesidades de las mujeres y las juventudes migrantes y refugiadas y de niños, niñas y adolescentes que las acompañan; incluyendo medidas de protección contra la trata con fines de explotación sexual o laboral y el trabajo infantil. Tres decenios después de Beijing URGIMOS a los gobiernos a atender YA las deudas y retos que nos plantea Beijing.

Resumen del manifiesto

ONGs y Redes firmantes:
Comité de ONGs sobre la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe
(NGO CSW LAC); A.C. Enlaces Territoriales para la Equidad de Género; AC.
Fusa; Agenda Política Mujeres en la Diversidad Guatemala; Alianza Estratégica
de Mujeres de CEDAW de Guatemala; Alianza MenEngage; Amnistía
Internacional Argentina; Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos;
Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM);
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para
América Latina y el Caribe (ILGALAC); Asociación las Crisálidas Guatemala;
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA);
Católicas por el Derecho a Decidir México; CEDAW Committee of Trinidad and
Tobago; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Centro de
Planificación y Estudios Sociales (Ceplaes); Centro de Promoción y Defensa de
los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex); Centro Mujeres AC.
México; Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador; Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM);
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW Latina);
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA Argentina;
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
(CSA); Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI);
Coordinadora de la Mujer – Bolivia; Corporación Ecuador Violencia Cero;
Corporación Humanas Chile – Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género; Corporación Humanas Colombia; Dra. Nelly Minyersky,
Presidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires; Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality; Encuentro
de Juventudes por Escazú (ENJUVES Latinoamérica); Enlace Continental de
Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) /Centro de Culturas Indígenas del
Perú (CHIRAPAQ); Equality Now; Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y

Familia; Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA); Federación
Mujeres & Municipalidades ALC (FEMUM); Federación Mundial de Sordos;
Feministas Sin Fronteras; FOS Feminista; Fundación Derechos Humanos,
Equidad y Género (FUNDHEG); Fundación Margen; Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación por una Sociedad Empoderada;
FUNMUJERURAL-E; Gestos – Brasil; Girls CARE; Girls not Brides; Grassroots
Organisations Operating Together in Sisterhood in T&T (GROOTS T&T); Grupo
Internacional por los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos; Grupo
Intersectorial por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guatemala;
Huairu Commission; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.; Instituto
para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Internacional de Servicios
Públicos (ISP); International Land Coalition América Latina y el Caribe ILC LAC;
International Planned Parenthood Federation Americas and Caribbean
Regional Office (IPPF ACRO); IPAS; Juventud Unida en Acción (JUENA); Land
Coalition; Marita Perceval, Consultora; Movimiento Latinoamericano y del
Caribe de Mujeres Positivas; Mujeres Luna Creciente – Ecuador; Mujeres y
Diversidades Sexo-Genéricas – Chile; Network of Rural Women Trinidad and
Tobago; Ni Una Menos – Mendoza; Observatorio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Personas con Discapacidad (ODISEX); Organización de
Mujeres Tierra viva; Plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra; Programa
Sordas sin violencia; Prolider; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir;
Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe
(REPEM); Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el
Caribe – Colombia (REPEM Colombia); Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD); Red de Mujeres Trabajadoras
Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex); Red de Organizaciones
de Lesbianas y Mujeres Bisexuales de América Latina y el Caribe; Red de
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC); Red
Internacional de Periodistas Feministas; Red Latinoamérica y del Caribe de
Católicas por el Derecho a Decidir; Red Latinoamericana de Organizaciones de
Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis); Red Latinoamericana y
Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC);
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans; Red Nacional de
Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac); Red
por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); Sedra-Federación
de Planificación Familiar; Sistren Theatre Collective; Vecinas Feministas;
Women's Institute for Alternative Development (WINAD).

We, the women, youth, adolescents and girls of LAC in all their diversity
DECLARE:
In 1995, at the Fourth World Conference on Women in Beijing, China,
representatives of the world's countries, including those of Latin America and
the Caribbean, met and signed the Declaration and Platform for Action,
committing themselves to strategic objectives for the human rights of all women
and to taking measures for their advancement and the achievement of gender
equality. Thirty years on, they have still not been fully achieved, particularly in
our region. Against this backdrop, UN Women highlights the need for action to
expedite compliance and identifies accelerators to ensure equal opportunities
for all women, youth and girls (UN Women, 2024).
The organizations of feminist, urban and rural indigenous, working, Afro-
descendant, grassroots and disabled women and youth of the region express
that, despite the important progress made in the implementation of the Platform
for Action, it has not had the same impact in all areas or on all women, youth
and girls, given the uneven commitment of the countries in the region. There is
an urgent need to guarantee the human rights of all women, throughout their
different life cycles and in their particular contexts, from an intercultural,
intersectional, integral, anti-racist, anti-capacitist and decolonial perspective,
including populations historically excluded from dialogue.
In addition to the continuing legacy of inequalities, discrimination and violence,
there are new challenges due to the social, political, economic, labor,
technological and environmental transformations that have taken place over
these three decades.
This occurs in a context in which the deterioration of public institutions in many
countries in the region, corruption, lack of transparency, polarization and
political conflict, as well as the advance of organized crime, have eroded
democratic systems. The corporate takeover of the state and its privatized
institutions is imposing private decisions and interfering in public life in an
unacceptable way. The institutional co-optation of the judiciary leads to impunity
for corruption and drug-related crimes. All of this has a disproportionate impact
on the lives of women, girls, adolescents and youth in all their diversity and
intersectionality.
In the current economic crisis, women face higher rates of unemployment and
precariousness and are disproportionately represented in low-paid jobs and the
informal economy, they bear the burden of care responsibilities, which are still
not recognized as work and whose economic value is invisible in most national
public accounts. We CALL on governments in the region to promote

women's economic empowerment by fostering greater autonomy and
well-being. We URGE governments in the region to embrace the Fair Care
Economy agenda, which recognizes the contributions of youth and
women, especially those at the grassroots, to the development of care
societies, and respects and rewards them through sustained investment
in strengthening their livelihoods, access to productive capital, social
protection and decent remuneration for care work.
We CALL UPON the governments of Latin America and the Caribbean to
implement tax reforms based on criteria of equity and progressivity,
ensuring that tax systems do not perpetuate inequalities but rather
contribute to their reduction and to provide adequate resources for
gender equality policies, social protection, prevention and response to
gender-based violence, and economic empowerment, especially for the
most vulnerable women.
Gender-based violence, far from diminishing, has not ceased to increase and
show its multidimensionality. Femicides, transfemicides, lesbicides, infanticides,
and vicarious violence also express the growth of extreme forms of violence
throughout the region. Women and girls in all their diversity are murdered
simply because they are women. Not all countries in Latin America and the
Caribbean recognize femicide, and even less do they recognize trans-femicide
and the other forms of violence mentioned above, leaving many victims without
access to justice and allowing those responsible to go unpunished.
Extreme forms of gender-based violence, such as trafficking for labor or sexual
exploitation and the disappearance of women and girls, facilitated by organized
crime, human mobility, mining and other forms of illicit exploitation, which
particularly affect girls, young women and indigenous women, especially in
border areas, are growing phenomena in all countries of the region. As well as
repression by law enforcement, racial profiling, harassment, physical and
psychological violence, assassinations, and restrictions on freedom of
association and the closure of civic spaces faced by women's organizations
defending human rights: land, environmental, indigenous, Afro-descendant;
labor rights, such as trade unionists and sex workers; defenders of women with
disability rights, defenders of sexual and reproductive rights,including those
advocating for access to safe abortion; women in prostitution; and women
communicators and journalists, among others. Against a backdrop of growing
social conflict and organized crime in the countries of the region, women who
are politically active in party, social and community organizations or as elected
officials face greater threats, some of which take the form of murder. For these
and other forms of gender-based violence, there are still serious deficiencies in
the ability to denounce, access justice, receive timely protection without re-
victimization, and ensure the cultural relevance of these women and their
families in their care and prevention. The world of work is not free of violence
and harassment for the diversity of women and youth.
Therefore, WE URGE the governments of the countries of the Region to I)
Include gender-based violence as a public health issue.; ii) Continue to
recognize and ensure the effective investigation and punishment of
femicide, trans-femicide, lesbicide and violence against children

(infanticide and vicarious violence), as well as their attempted
commission, as criminal offences; iii) Establish mechanisms for victims of
all forms of violence and their families to have access to justice and full
reparation for damages; iv) Require public officials to receive ongoing
training to address situations of violence from a human rights, gender,
intersectional, intercultural, anti-racist and anti-capacitist perspective, and
to include historically excluded, vulnerable and invisible populations; v)
Ratify and effectively implement International Labor Organization
Convention 190 on Violence and Harassment at Work; and vi) Strengthen
the protection framework for women involved in active political life,
women human rights defenders, journalists and communicators;
guarantee their life and personal security.
The Platform for Action did not take into account digital and algorithmic
violence, a product of the expansion of information and communication
technologies, which manifests itself, among other things, in online sexual
harassment and abuse (grooming) and cyberbullying, digital persecution and
espionage (cyberstalking). We URGE governments to ensure that women,
youth, adolescents and girls, in all their diversity, especially those living
in rural areas and/or with disabilities, have access to infrastructure,
devices and appropriate technologies that allow for their full integration
into social, political and economic life, and to guarantee digital spaces
free from discrimination and violence; and to create, strengthen and
enforce laws, regulations, control measures and permanent monitoring
that prevent digital and algorithmic gender-based violence without
affecting freedom of expression.
Most countries in the region have implemented few or sporadic prevention
activities, and most have no evaluation or systematic monitoring mechanisms.
In addition, in some countries, women's empowerment mechanisms, plans and
laws to prevent gender-based violence have been eliminated or underfunded.
Changing socio-cultural patterns that reproduce violence is an urgent priority.
We CALL on governments to declare a national emergency on gender-
based violence and to create, include, strengthen and monitor gender-
based violence prevention programs in their budgets in order to eradicate
gender-based violence. The extent of gender-based violence in the region
is alarming and has very serious family, social and economic
consequences.
Access to sexual and reproductive rights is a debt, including the limitations on
access to legal, safe and free abortion, which is still criminalized and banned in
many countries of the region, even in cases of pregnancies of girls caused by
rape and/or incest; and which results in deaths and diseases due to unsafe
abortions. Adolescent pregnancies and child marriages or cohabitation are
common, and countries have not addressed them as endorsed in Beijing.
Similarly, lack of or biased information about sexual and reproductive rights,
and poor access to health services and contraceptives, increase risks,
especially among children and adolescents. As well as the lack of access to
sexual and reproductive rights with intercultural relevance and the traditional
and ancestral practices of indigenous peoples.

We REQUEST that governments in the region review their sexual and
reproductive health and rights policies to eliminate early motherhood and
reduce maternal mortality. There is a need for the decriminalization of
abortion, free access to contraceptive methods and comprehensive
sexual education (ESI, for its acronym in Spanish) with intercultural,
traditional and ancestral relevance, based on evidence, so that women,
youth, adolescents and girls, in all their diversity, can make free, prior and
informed decisions about their sexuality and reproduction. We ALSO
CALL for the elimination of any criterion or basis, religious or otherwise,
which, by action or omission, prevents girls, youth, adolescents and
women in their diversity from accessing their human rights; in particular,
the elimination of the denial of the right of women, youth, adolescents,
girls and women in their diversity with disabilities to decide freely about
their motherhood.
30 years after Beijing, the unjust, extractivist and monopolistic development
model and the structural conditions of inequality and poverty that sustain it are
having a devastating impact on the lives and integral health of millions of
women, youth, adolescents and girls in the region.
The destruction of forests, the use, appropriation and dispossession of land and
water for mining and energy projects, among others, degrade the environment,
exacerbate the climate crisis and increase the forced and violent displacement
of territories and peoples who depend on this environment for their subsistence
and cultural survival. This, along with state and parastatal violence and a
rejection of politics, mobilized significant segments of the region's population,
including many women defenders who were harassed and their rights violated.
The need for access to the labor market increases the feminization of migration
flows, with women arriving in host countries in precarious and low-paid working
conditions, with little access to social protection systems. In transit and host
countries, women and youth, as well as the children and adolescents with
whom they travel, are at greater risk of discrimination, labor and sexual
exploitation, smuggling and trafficking. We REQUEST that governments take
urgent measures to protect against and eradicate violence in their
territories; promote economic integration with guaranteed labor rights
and social protection for the diversity of women and youth, facilitate their
permanence in their towns and territories; and implement policies that
address the needs of migrant and refugee women and youth and the
children and adolescents who accompany them, including protective
measures against trafficking for sexual or labor exploitation and child
labor.
Three decades after Beijing, we URGE governments to address Beijing's
debts and challenges NOW.

NGOs and Networks signing:

Committee of NGOs on the Condition of Women from Latin America and the
Caribbean (NGO CSW LAC); A.C. Enlaces Territoriales para la Equidad de
Género; AC. Fusa; Agenda Política Mujeres en la Diversidad Guatemala;
Alianza Estratégica de Mujeres de CEDAW de Guatemala; Alianza
MenEngage; Amnistía Internacional Argentina; Asociación Ciudadana por los
Derechos Humanos; Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de
Maquila (ATRAHDOM); Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC);
Asociación las Crisálidas Guatemala; Asociación Venezolana para una
Educación Sexual Alternativa (AVESA); Católicas por el Derecho a Decidir
México; CEDAW Committee of Trinidad and Tobago; Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CEDES); Centro de Planificación y Estudios Sociales
(Ceplaes); Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (Promsex); Centro Mujeres AC. México; Coalición Nacional de
Mujeres del Ecuador; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de las Mujeres (CLADEM); Comunidad Internacional de Mujeres
Viviendo con VIH/SIDA (ICW Latina); Comunidad Internacional de Mujeres
Viviendo con VIH/SIDA Argentina; Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas (CSA); Consorcio Latinoamericano contra el
aborto inseguro (CLACAI); Coordinadora de la Mujer – Bolivia; Corporación
Ecuador Violencia Cero; Corporación Humanas Chile – Centro Regional de
Derechos Humanos y Justicia de Género; Corporación Humanas Colombia;
Dra. Nelly Minyersky, Presidenta del Parlamento de las Mujeres de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Eastern Caribbean Alliance for
Diversity and Equality; Encuentro de Juventudes por Escazú (ENJUVES
Latinoamérica); Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
(ECMIA) /Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ); Equality Now;
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Equipo Latinoamericano de
Justicia Y Genero (ELA); Federación Mujeres & Municipalidades ALC
(FEMUM); Federación Mundial de Sordos; Feministas Sin Fronteras; FOS
Feminista; Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género (FUNDHEG);
Fundación Margen; Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM);
Fundación por una Sociedad Empoderada; FUNMUJERURAL-E; Gestos –
Brasil; Girls CARE; Girls not Brides; Grassroots Organisations Operating
Together in Sisterhood in T&T (GROOTS T&T); Grupo Internacional por los
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos; Grupo Intersectorial por los
Derechos Sexuales y Reproductivos en Guatemala; Huairu Commission;
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.; Instituto para las Mujeres en la
Migración, AC (IMUMI); Internacional de Servicios Públicos (ISP); International
Land Coalition América Latina y el Caribe ILC LAC; International Planned
Parenthood Federation Americas and Caribbean Regional Office (IPPF ACRO);
IPAS; Juventud Unida en Acción (JUENA); Land Coalition; Marita Perceval,
Consultora; Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas;
Mujeres Luna Creciente – Ecuador; Mujeres y Diversidades Sexo-Genéricas –

Chile; Network of Rural Women Trinidad and Tobago; Ni Una Menos –
Mendoza; Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Personas con Discapacidad (ODISEX); Organización de Mujeres Tierra viva;
Plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra; Programa Sordas sin violencia;
Prolider; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Red de Educación
Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM); Red de
Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe – Colombia
(REPEM Colombia); Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de
la Diáspora (RMAAD); Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de
Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex); Red de Organizaciones de Lesbianas
y Mujeres Bisexuales de América Latina y el Caribe; Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC); Red Internacional de
Periodistas Feministas; Red Latinoamérica y del Caribe de Católicas por el
Derecho a Decidir; Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con
Discapacidad y sus Familias (Riadis); Red Latinoamericana y Caribeña de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC); Red
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans; Red Nacional de Jóvenes y
Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac); Red por los
Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); Sedra-Federación de
Planificación Familiar; Sistren Theatre Collective; Vecinas Feministas; Women's
Institute for Alternative Development (WINAD).

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