RECOMENDACIONES Y DESAFÍOS
Las representantes de ONGs y redes nacionales, subregionales y regionales de
organizaciones de mujeres y feministas urgimos a los gobiernos a que:
Formulen compromisos específicos, asignen presupuestos suficientes y sensibles
al género, y refuercen las políticas públicas de igualdad de género para erradicar
las múltiples formas de violencia de género étnico/raciales, específicamente en la
prevención de la violencia sexual y los femicidios/feminicidios, facilitando el
monitoreo social, la transparencia y la rendición de cuentas.
Firmen y ratifiquen todos los tratados que consagren los Derechos Humanos de
las mujeres y las niñas del sistema universal y regional como la CEDAW y su
Protocolo Facultativo y la Convención de Belém do Pará, y cumplan con los
compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la Plataforma de Acción de Beijing y otros, adecuando su legislación
nacional para garantizar plenamente los derechos de mujeres y niñas en su
diversidad.
Cuenten con planes nacionales de igualdad de género que en lo posible definan
indicadores de evaluación, establezcan evaluaciones periódicas sobre su
ejecución e incorporen las recomendaciones para superar los obstáculos que
existan en su implementación.
Afirmen la laicidad del Estado para fortalecer la democracia y el desarrollo
ecológico y sostenible, reafirmen el estado social de derecho y la promoción de los
derechos humanos y aseguren la participación paritaria y representación de
mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y
política.
Adopten medidas urgentes para proteger y garantizar la seguridad de las mujeres
defensoras de derechos humanos, las que son perseguidas, violentadas y
criminalizadas.
Desarrollen sistemas de información y estadísticas nacionales multidimensionales,
con datos desagregados, con perspectiva de género, con enfoque étnico/racial e
interseccional para evaluar de manera asertiva los impactos cuantitativos y
cualitativos en la reducción de brechas en las mujeres y las niñas, especialmente
de las comunidades y pueblos social e históricamente postergados, ajenos a las
políticas públicas específicas, como las poblaciones afrodescendientes e
indígenas.
Articulen de forma más clara y efectiva el enfoque de género y las estadísticas
desagregadas en sus procesos de planificación y presupuestación de corto y
mediano plazo.
I. Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
Replanteen el modelo de desarrollo, que promueve el extractivismo y la lógica del
capital, centrándolo en el desarrollo humano, la sostenibilidad de la vida y la
autonomía de las mujeres, como eje transversal de las estrategias nacionales de
desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.
Elaboren y refuercen políticas anticorrupción, con enfoque de derechos humanos y
género, que afecta particularmente a las mujeres, desviando recursos que
pudieran destinarse para mejorar la calidad de vida de los grupos históricamente
discriminados como son las mujeres y niñas, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos
indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, entre otros.
Eliminen la desigualdad estructural del mercado laboral, promoviendo la plena
inclusión de la diversidad de mujeres, a través de políticas de acción afirmativa
para reducir la segmentación laboral (vertical y horizontal), y erradicar el impacto
diferencial de la subocupación horaria, el desempleo y la precariedad en laboral.
Eliminen la brecha salarial y laboral de las mujeres, garantizando el acceso al
trabajo decente en áreas de mayor producción, mejorando el acceso a formación y
desarrollando sistemas integrales y universales de cuidado y promoviendo la
corresponsabilidad del cuidado, la conciliación de la vida laboral con la vida
familiar y otras medidas concretas.
Ratifiquen el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y
trabajadores domésticos y la recomendación 201 para equiparar sus derechos y
asegurarles el goce de todos los beneficios de la protección social. Así también
adecúen su legislación interna y adopten políticas para el cumplimiento de estas.
Ratifiquen el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del
trabajo y la Recomendación 206 para garantizar el derecho de toda persona al
trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de
género.
Eliminen las barreras legales y socioculturales para garantizar a las trabajadoras
informales y por cuenta propia el acceso a la Protección Social Universal,
incluyendo a las mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, indígenas,
afrodescendientes, mujeres que viven con VIH, con discapacidad, entre otras que
se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ratifiquen el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adopten,
en diálogo intercultural, las medidas necesarias para la implementación de la
consulta previa, garantizando la participación libre e informada de las mujeres en
las políticas y programas públicos que las afecten; e implementen la Declaración
de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Reconozcan el trabajo, aportes, saberes y prácticas de las mujeres indígenas,
campesinas, afrodescendientes y otras, en el uso sostenible de los recursos
naturales, el derecho a la tierra (al territorio continental y marino), el acceso al mar
y la autodeterminación frente a las políticas extractivistas, para promover un
desarrollo inclusivo y sostenible y eliminar su criminalización, creando fondos que
faciliten su participación en los modelos de desarrollo sostenibles.
Aseguren la inclusión de las mujeres en situaciones vulnerables como las
afrodescendientes, indígenas, con discapacidad y otras, en la oferta de servicios
de empleabilidad, emprendimientos, recursos productivos e instrumentos
financieros que posibiliten su acceso en condiciones de equidad, reconociendo sus
potencialidades y ventajas productivas territoriales.
Desarrollen políticas públicas para la inclusión del trabajo no remunerado como
figura de protección en las cuentas nacionales, al igual que el monitoreo y la
articulación con el sector privado para el fortalecimiento de la oferta laboral para
las mujeres, flexibilizando su acceso, permanencia y garantizando igualdad salarial
y de participación laboral.
II. Erradicación de la pobreza, protección y servicios sociales
Garanticen políticas fiscales para la igualdad sustantiva, eliminando los sesgos de
género en el sistema tributario y promoviendo la incorporación de las voces y
prioridades de las mujeres en todo el proceso presupuestario, asegurando los
recursos suficientes para la implementación de políticas públicas para cerrar las
brechas de género, con un enfoque de interseccionalidad, promoviendo un
financiamiento progresivo de las mismas.
Aseguren la protección social a las mujeres en situación de pobreza y sus familias,
que garantice el acceso a la alimentación, salud, vivienda y educación para
mujeres, niñas, niños y adolescentes, al igual que el derecho al trabajo a las
mujeres de estas poblaciones.
Garanticen el acceso a servicios sociales públicos para las mujeres y niñas/os que
viven en ámbito rural: campesinas, afrodescendientes e indígenas; asegurando
servicios con pertenencia cultural que garanticen el derecho a la identidad jurídica,
mediante programas innovadores y otras medidas como ayudas económicas y la
creación centros de atención: refugios seguros e instituciones judiciales de
protección.
Revisen los Programas de Transferencias Condicionadas para eliminar los sesgos
y estereotipos de género, étnico-raciales, y los impactos negativos que tienen las
modalidades de contraprestaciones sobre mujeres, niñas y sus familias. Incluir en
estos programas a las mujeres en situación de pobreza e indigencia sin
hijos/as. Aseguren que la provisión de servicios de protección social, salud,
vivienda y educación, no sean brindados por sectores privados cuya prioridad es la
rentabilidad y no la garantía de derechos humanos básicos. El Estado debe
financiar, regular y controlar estos servicios, garantizando su gratuidad, calidad,
accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, asegurando el enfoque de derechos
humanos, interculturalidad e interseccionalidad, priorizando las mujeres en
situaciones vulnerables: adultas mayores, trabajadoras sexuales, mujeres
institucionalizadas en hospitales psiquiátricos, mujeres privadas de libertad o en
conflicto con la ley penal y sus hijas/os y mujeres en situación de prostitución.
Diseñen e implementen planes de formación y capacitación continua en materia de
igualdad de género, derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad
en todas las instituciones públicas, incluyendo el sistema de justicia y las fuerzas
de seguridad.
Aseguren el acceso efectivo a todas las mujeres y niñas a la educación, incluida la
educación sexual integral, y a la atención integral de salud sexual y reproductiva,
así como sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito.
Garanticen el acceso a servicios de salud amigables a las mujeres sexualmente
diversas, principalmente el acceso a medicamentos esenciales (como los
antirretrovirales) para las mujeres y niñas que viven con el VIH. Erradiquen la
discriminación que viven estas mujeres en todas las esferas, con particular énfasis
en la atención en el momento del embarazo y parto, y designen presupuestos
suficientes que atiendan a la prevención de la transmisión del VIH, particularmente
la vertical madre-hija/o.
Aseguren el acceso a educación de calidad, laica, pública y gratuita, a lo largo de
la vida, en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, con prácticas y
contenidos no sexistas, inclusivos y respetuosos de las diversidades incluyendo
lenguas indígenas, con perspectiva de género, interseccionalidad e
interculturalidad, para todas las mujeres y niñas.
Erradiquen los estereotipos y barreras que impiden el avance educativo de las
mujeres después de la enseñanza secundaria y mejoren las iniciativas que
apuntan a su incorporación en carreras vinculadas a ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (CTIM).
Promuevan plataformas y redes tecnológicas de fácil acceso a las personas en
situación de pobreza, para propiciar competencias y capacidades que les permitan
avanzar en la superación de las brechas de marginalidad y pobreza,
especialmente a las mujeres, niñas y jóvenes afrodescendientes, indígenas y con
discapacidad, entre otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
III. Libertad frente a las violencias, el estigma y los estereotipos
Adopten medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de las mujeres,
lideresas sociales –defensoras de derechos humanos–, periodistas feministas y
víctimas de conflictos políticos, armados y en procesos de post-acuerdos de paz; y
sancionen a quienes las persiguen, violentan y criminalizan. Desarrollen modelos y
mecanismos de protección integral que atiendan de manera particular a las
mujeres defensoras de derechos humanos y que reconozcan la violencia que
sufren las defensoras que operan con perspectiva de derechos humanos de las
mujeres.
Asuman el compromiso de erradicar las violencias que viven las mujeres indígenas
a lo largo de su ciclo vital y fortalezcan sus marcos normativos. Comprendan la
relación entre derechos colectivos como pueblos y derechos individuales de las
mujeres; y consideren las múltiples violencias que ellas enfrentan (mediática,
medioambiental, espiritual, comunitaria e institucional).
Protejan los derechos a la propiedad intelectual de las mujeres indígenas,
afrodescendientes y rurales, sobre sus productos y conocimientos tradicionales;
proporcionen facilidades para la conservación, distribución, comercialización y
almacenamiento de estos productos, respetando el derecho a la seguridad y
soberanía alimentaria.
Adopten medidas urgentes para tipificar, combatir, sancionar y erradicar los delitos
de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otros. Entre ellas,
ratificar los tratados y convenios internacionales y la adecuación de sus marcos
normativos; desarmar las redes criminales y desarrollar medidas para la
reparación integral de las sobrevivientes, incluida la rehabilitación.
Reconozcan al femicidio/feminicidio como delito, incluyendo los de poblaciones
vulnerables e invisibilizadas, como los transfemicidios. Modifiquen los marcos
normativos e implementen justicia especializada que garantice investigaciones y
juicios con perspectiva de género, y erradiquen la impunidad mediante la sanción a
los agresores y la protección de hijos e hijas de las mujeres asesinadas incluyendo
a las personas que quedan a cargo de los hijos siendo prioritariamente los padres
de la misma, asegurando sus derechos y la no convivencia con el
femicida/feminicida y su familia.
Reconozcan y erradiquen la violencia mediática y simbólica contra las mujeres,
niñas y trans, que condicionan su vida y limitan su libertad de expresión;
implementando mecanismos de monitoreo, regulación y de autorregulación a los
medios de comunicación, para eliminar el sexismo y la discriminación de género
en sus contenidos, promoviendo activamente la difusión de información e
imágenes positivas sobre la diversidad de mujeres y niñas.
Implementen marcos para la transparencia algorítmica, incorporando métodos
como auditorías; eliminen la ciberviolencia y otras formas de violencia de género
en el espacio digital, y desarrollen programas de alfabetización digital y mediática
con perspectiva de género.
Establezcan la perspectiva de género como eje transversal en las currículas de los
todos los niveles de educación e impulsen investigación académica sobre todas
las dimensiones de la agenda de género y comunicación.
Adopten acciones para prevenir, atender y eliminar los Matrimonios o Uniones
Infantiles Tempranas y Forzadas –MUITF–, tales como leyes y políticas públicas
de homologación de la edad legal de matrimonio a 18 años sin dispensas ni
excepciones; destinar presupuesto a programas de atención integral a las niñas en
MUITF, incluyendo servicios de salud sociales, judiciales y de sexual y
reproductiva. Generen ambientes propicios que promuevan la autonomía y un
cambio cultural de normas sociales de género, que ofrezcan alternativas y
desarrollo más allá del matrimonio o la unión.
Erradiquen el embarazo a temprana edad y en la adolescencia implementando
políticas y acciones intersectoriales e integrales que aseguren la prevención,
atención, asistencia y reparación integral, particularmente en los embarazos
productos de violaciones, reconociendo el embarazo infantil forzado como una
forma de tortura, no obligándolas a continuar, proveyéndoles de anticoncepción de
emergencia y servicios de aborto seguro.
IV. Participación, responsabilidad e instituciones sensibles al género
Otorguen a los Mecanismos de Adelanto de la Mujer jerarquía al más alto nivel,
refrendada por el marco normativo, para cumplir con su función de entes rectores
y gestores de las políticas de igualdad de género, y asegurar procesos de
transversalización de la igualdad de género en toda la estructura del Estado, con
recursos técnicos y financieros suficientes.
Institucionalicen la participación de las organizaciones Feministas y de Mujeres
representativas de la diversidad de organizaciones en los Mecanismos de
Adelanto de la Mujer, en todos los niveles de gobierno; asegurando el acceso a la
información y la transparencia en los procesos de decisión, el involucramiento en
la elaboración de propuestas, incluidos los presupuestos, y el seguimiento y
monitoreo de programas y políticas.
Establezcan programas de formación política que aseguren el conocimiento de
derechos, el empoderamiento en la toma de decisiones y la incorporación a
espacios de participación social y política de la diversidad de mujeres;
especialmente mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, con discapacidad,
adolescentes y jóvenes, entre otras.
Incluyan la paridad vertical y horizontal y la alternancia en la participación en todos
los ámbitos de la vida política, acelerando la inclusión de mujeres en posiciones de
toma de decisiones, reconociendo los aportes de las defensoras de derechos
humanos, incorporando en los marcos legales sanciones para el acoso político y
erradicando las limitaciones para la participación política que enfrentan de manera
especial mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, con discapacidad, entre
otras.
Garanticen la participación, visibilidad y posicionamiento de las mujeres
afrodescendientes e indígenas en todas las esferas de poder, mediante procesos
de participación inclusiva con perspectiva étnico/racial y territorial, dada la
marginación que existe en todos los ámbitos de poder debido a múltiples sesgos
de género que obstaculizan su acceso.
V. Sociedades pacíficas e inclusivas
Garanticen entornos seguros para las mujeres y niñas/os que viven en contextos
de conflictos políticos; y acaben la exposición de ellas y sus hijas/os a la violencia
estatal, de grupos armados y de las redes de trata, salvaguardando su integridad y
sus vidas.
Redoblen los esfuerzos y garanticen mecanismos para eliminar todas las formas
de discriminación que alcanzan a la diversidad de mujeres y niñas, en especial a
las más vulneradas, considerando la discriminación basada en la pertenencia
étnica/racial. Desarrollen una hoja de ruta para implementar la CEDAW y otros
marcos normativos internacionales y regionales con la participación de ONGs y
organizaciones de base, feministas y grupos de mujeres.
Sancionen normativas nacionales de identidad de género para construir
sociedades más inclusivas e igualitarias y proteger a la población en condiciones
de extrema vulnerabilidad y exclusión, sujeta a múltiples violencias.
Incrementen el compromiso político para la implementación de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (CTMF). Consideren la portabilidad de los
derechos para la población migrante, mediante el reconocimiento de la
cualificación, trabajos y aportes realizados en los países de origen y destino; al
igual que el otorgar la condición de refugiadas cuando la migración es motivada
por conflictos sociales, inestabilidad política o crisis económica en conformidad a la
Declaración de Cartagena.
Desarrollen programas amplios de sensibilización y capacitación a funcionarias/os
tomadores de decisiones, sobre los derechos de las mujeres indígenas,
afrodescendientes, campesinas, entre otras, con la participación de mujeres
representantes de la Sociedad Civil Organizada para el diálogo intercultural
basado en la horizontalidad y respeto mutuo.
VI. Conservación, protección y rehabilitación ambiental
Ratifiquen y cumplan el Acuerdo de París de Cambio Climático; y aprueben
normas internas y políticas con perspectiva de derechos humanos y género para la
atención del impacto del cambio climático.
Firmen y ratifiquen el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
Desarrollen programas de prevención frente a desastres naturales y aseguren la
provisión de servicios sociales básicos a las mujeres, niñas y niños en estas
situaciones de emergencia, especialmente en casos de violencia sexual que
aparecen en estas situaciones.
Prioricen a las mujeres en su diversidad étnico/racial y territorial en la planificación,
diseño e implementación de medidas de reconstrucción frente a desastres
(naturales y/o provocados), haciendo énfasis en la seguridad alimentaria y la
resiliencia colectiva, reconociendo los impactos desproporcionados que sufren las
mujeres frente a ellos.
Legislen y penalicen a quienes no cumplan con la protección de los bosques y
promuevan la tala indiscriminada o ilegal para la explotación
agrícola/ganadera/minera u otra, con el consiguiente desalojo forzado de mujeres
indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales de sus territorios.
Reconozcan la contribución de los pueblos y mujeres indígenas y de
organizaciones de base para combatir el cambio climático, con apoyo económico y
técnico dirigido a sus propias iniciativas incluyendo los espacios de registro y
transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales; capacitando e
incluyendo a las mujeres indígenas en los fondos para la acción del cambio
climático, como el Fondo Verde para el Clima; eliminando las barreras lingüísticas,
económicas y políticas que dificultan su participación en estos espacios.
Garanticen los derechos de las mujeres a la tierra, el agua y los recursos naturales
como componentes esenciales de las políticas públicas de soberanía y seguridad
alimentaria, promoviendo la agroecología y limitando/prohibiendo el ingreso de
semillas transgénicas.
Documento Regional de la Sociedad Civil Beijing+20 América Latina y el Caribe