Propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre tema prioritario de CSW 61

admin   febrero 20, 2017   Comentarios desactivados en Propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre tema prioritario de CSW 61

foroONGpanamaLas Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres en el cambiante mundo del trabajo

PROPONEMOS

Las representantes de más de 50 ONG’s y Redes Regionales de organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe reunidas en Panamá consideramos el tema central de la próxima CSW61 , en base a estas discusiones y a los aportes recibidos de  otras  más de 20 organizaciones y redes regionales  elaboramos las siguientes propuestas para ser presentadas por las autoridades gubernamentales de nuestros países.

Queremos empezar  aclarando  que entendemos por empoderamiento económico de las mujeres el acceso y control de activos económicos que garanticen la autonomía.

El empoderamiento económico es más que acceder a mínimas transferencias monetarias  e implica el  acceso y control a bienes de capital, propiedad de la tierra, crédito y recursos monetarios. El empoderamiento económico es un proceso que se vincula con la participación en el mercado laboral, la regulación de acceso a los activos económicos,  los mecanismos de protección social y la autonomía plena de las mujeres. Desarrollar la autonomía plena de las mujeres para ser capaces de ejercer el poder para controlar  su propia vida y poder organizarse para el cambiante mundo del trabajo .

Las mujeres tradicionalmente experimentaron restricciones en el acceso igualitario al mundo del trabajo en relación a los hombres. A pesar que algunas de estas brechas se han ido reduciendo, siguen siendo sustantivas. Más aún, el cambiante mundo del trabajo, con el desarrollo tecnológico que va transformando las formas de organización técnica de la producción de bienes y servicios, impone nuevos desafíos y   cambios que habilitan diferentes mecanismos flexibles de explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital, estos cambios dificultan más el acceso paritario de las mujeres al mundo actual del trabajo y su continuo cambio en el empleo remunerado.

Frente a esto las mujeres de la región experimentamos nuevas barreras y limitaciones que dificultan el “empoderamiento económico “ y que constituyen desafíos que sólo se pueden superar si se logra analizarlos y abordarlos desde la aspiración a la igualdad sustantiva y desde la perspectiva de derechos humanos.  Desde hace algunos años pero recientemente aún más, observamos una amenaza concreta y práctica en los logros alcanzados en la promoción de los derechos de las mujeres

En el contexto actual existe por un lado una severa crisis de la sostenibilidad de la vida y el bienestar, y por el otro la alianza perversa entre diversos actores que priorizan la acumulación de capital y los flujos de bienes por encima de los derechos humanos.

Si bien estamos ante un contexto global complejo en el cual se fortalecen las visiones políticas autoritarias y conservadoras, el recrudecimiento de la preeminencia de la regulación del Mercado, la profundización de las posiciones fundamentalistas y la desaceleración del crecimiento económico que profundiza la desigualdad. Sin embargo  vemos que esta es una  ocasión para que América Latina y el Caribe, con todos los elementos internos, con los bienes naturales tan anhelados por la industria extractivista y con los flujos financieros que de hecho mantienen al Norte Global en sus paraísos fiscales, pero además con los compromisos más rigurosos y las rutas de acción más claras para alcanzar la igualdad,  puede liderar la construcción de una  alternativa progresista  para el mundo.  Para ello, nuestra misma región debe tomar medidas eficaces para impedir la impunidad de cualquier forma de manejo deshonesto o clientelista de los bienes públicos, lo que permitirá, para la sociedad organizada, un aumento de la legitimidad de los Estados, sus políticas y sus decisores. Las organizaciones de mujeres y feministas de la región acompañaremos esta conducta de nuestros gobiernos.

Consideramos que es fundamental reconocer que nos encontramos en un contexto en el que se ha asumido un modelo de desarrollo por el que han optado la mayoría de nuestros gobiernos, centrado en patrones de consumo y producción que hacen insostenible la vida en nuestro planeta. El extractivismo, la producción y consumo de energía nos ubican ante el gran desafío de encontrar las mejores formas para asegurar la reproducción de la vida y el cuidado de la madre tierra, en el marco del respeto de los derechos humanos.

En la región estamos registrando la retracción de los rendimientos del  modelo extractivista, la agudización de las restricciones fiscales y de balance exterior, el renovado impulso al sector privado en la imposición de la agenda de desarrollo y de las privatizaciones (por ejemplo, en infraestructura social e instituciones de seguridad social), el riesgo de la profundización hacia la baja de los estándares fiscales y laboral para la atracción de los flujos de inversión y el menor espacio político y de política para implementar políticas económicas redistributivas y políticas de igualdad.

En general las estadísticas en AL y C presentan grandes avances en el ingreso de las mujeres al sistema educativo y se registra incrementos importantes en el acceso a TIC. Sin embargo, continúan siendo herramientas restringidas, su acceso y uso dependen de su condición socioeconómica.

La equidad en el acceso a la educación ha posibilitado un aumento en el uso de las TIC por parte de las personas, pero se siguen constatando niveles de excusión determinados por factores generacionales, étnico raciales, así como por condición socioeconómica.

Los desafíos tecnológicos plantean retos en un mundo globalizado en red y altamente competitivo. Al respecto, se precisa de promover el derecho a una educación de calidad y gratuita es un requisito garante para el empoderamiento de las mujeres, tanto económico como en todos los órdenes de la vida de las mujeres.

Para transformar esta tendencia, Las políticas macro económicas deberán orientarse a lograr una diversificación productiva, generación de empleo de calidad y redistribución de riqueza e ingresos. Para ello se necesita asegurar la educación de las niñas y mujeres jóvenes , especialmente en ciencia y tecnología , y en universalizar el manejo de las nuevas TIC por parte de la diversidad de mujeres y especialmente de las mas vulnerabilizadas como las jóvenes, las indígenas, las afro descendientes, las mujeres con capacidades diferentes, las migrantes , las que viven con VIH .

Las políticas macroeconómicas centradas en el extractivismo, incluido el financiero, produce una gran concentración de la riqueza y profundizan la desigualdad, dejando a amplios sectores de mujeres y niñas en la pobreza y la indigencia. Además las políticas extractivistas afectan negativamente el medio ambiente y amenazan la sostenibilidad del desarrollo. Estas actividades se están promoviendo sin exigir estudios de impacto que incluyan el deterioro de la salud y las condiciones de  las fuentes de agua y la tierra. Asimismo, las actividades extractivas impulsan desplazamientos poblacionales de los territorios y fomentan la concentración y extranjerización en la propiedad de la tierra. Se vincula con el “mercado de la tierra”. La propiedad de la tierra está en manos de pocas personas y de capitales internacionales.

La revisión de los modelos de desarrollo, debe acompañarse con la  redistribución del trabajo /y el tiempo, es necesaria para asegurar la presencia de la diversidad de mujeres en la fuerza laboral. Para  esto se deben adoptar sistemas de cuidado orientados a la corresponsabilidad social entre familias, sociedad, Estado , empresas. y organismos gubernamentales. El Estado debe asumir la construcción de la infraestructura necesaria y su distribución, lo que en si a su vez constituye un estímulo a la inversión en servicios básicos.

Además, el reconocimiento logrado en la región a la desigualdad en el uso del tiempo entre varones y mujeres y al aporte económico y social del trabajo de cuidado no remunerado  debe transformarse en acciones concretas: la ampliación de licencias de maternidad, paternidad y parentales, la ampliación de la provisión de servicios para el cuidado de niños y niñas y de personas enfermas, mayores con discapacidad, y la implementación de políticas públicas para la transformación cultural a través de campañas masivas sobre la igualdad y el uso del tiempo  en los cuidados.

De otro lado, es preciso identificar las necesidades de educación para el empoderamiento económico de las mujeres, como un bien que va más allá del desarrollo de destrezas para conseguir más eficiencia laboral y económica, en razón de la integralidad de las personas. Por lo tanto, la educación para el trabajo, ha de tener contenidos relacionados con los derechos y con conocimientos sobre arte y cultura, que fortalezcan la democracia.

Consideramos que es urgente identificar las condiciones en las cuales se desarrollan actividades laborales por medio de la virtualidad, dado que si bien se plantea como una estrategia que concilia la vida laboral y doméstica, genera otras dificultades en términos de sociabilidad, explotación económica y precarización del trabajo decente, tanto por los niveles de remuneración, como el desplazamiento de costos laborales a las trabajadoras virtuales

El desafío como región es la relación entre activos y pasivos en la provisión de servicios.  También, en la realidad las mujeres bajo las medidas de protección social tienen retos enormes para la inserción y permanencia laboral (la pauta reproductiva de las mujeres mas vulnerabilizadas  es mayor que la de las mujeres en estratos medios). Son nudos estructurales detrás de las políticas.

Frente a esto proponemos una política tendiente a la economía social más que a la economía de mercado. Debemos desafiar los planteos que consideran que las políticas de igualdad deben impulsarse sólo o principalmente, en la medida que la igualdad mejora la eficiencia económica. La principal razón para impulsar las políticas de igualdad, es que son necesarias para reconocer, promover y sostener los derechos humanos de las mujeres.

Queremos destacar nuestra preocupación por el rol creciente que el sector privado está teniendo en el establecimiento de la agenda del desarrollo y las estrategias para llevarlo adelante. Sin desconocer la importancia que el sector privado tiene como agente del desarrollo, consideramos que es el Estado quien debe liderar estos procesos y justamente construir regulaciones firmas y claras de las actividades del sector privado que garanticen que sus actividades se desarrollen en el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, en la región se observa una relación de cooptación del Estado por parte de los intereses del sector privado, con una revitalización de los riesgos de privatizaciones en áreas como la infraestructura y las instituciones de la seguridad social. El sector privado no se asume como sujeto de responsabilidad, con una nula o casi inexistente rendición de cuentas, y sin monitoreo del impacto de sus actividades en el medio ambiente.  Tampoco asumen su papel en asegurar iguales oportunidades de trabajo y negocios , así como asegurar el medio que facilite el surgimiento de mujeres emprendedoras , especialmente garantizando el acceso al crédito. Las empresas privadas (nacionales y multinacionales) en la región se caracterizan por una tendencia pronunciada a la evasión y elusión tributaria, que alimenta la fuga de abultados flujos financieros ilícitos. Esto se suma a los que provienen de actividades delictivas, y en particular con la trata de personas para fines de explotación laboral y sexual.

El Estado debe establecer Mecanismos de regulación   del sector privado  que controlen   todas las modalidades incluidas las Alianzas Público Privado  y garantice la rendición de cuenta, el modelo de gobierno abierto   y que establezca y aplique los mismos estándares que los que aplica al propio estado. Las organizaciones de mujeres deben poder tener acceso a estas informaciones y el cumplimiento de los procesos de rendición de cuentas y sus resultados en forma transparente y accesible.

Las Políticas comerciales  de apertura  adoptadas en los últimos anos afectan negativamente  la balanza de pagos. Los Tratados de Libre Comercio  producen una  bajan en  los aranceles, reduce los recursos fiscales y alimenta la competencia hacia la baja en los estándares laborales, con consecuencias sobre las unidades de producción , con baja generación de empleo, y por el contrario, con aumento de la precarización y el trabajo informal que afecta más  a las mujeres , se pierden derechos laborales y  las medidas de protección social .

A fin de limitar esto se debe asegurar el apoyo a las unidades de producción y ayudar a la reconversión del personal para asegurar una diversificación de la producción , el mantenimiento y crecimiento de los empleos decente especialmente para las mujeres las principales afectadas.

Se debe garantizar la libertad de asociación de la diversidad de las mujeres trabajadoras incluidas las en servicio domestico y en trabajo sexual  y fortalecer su participación en los niveles de representación   gremial y en las mesas de discusión de condiciones de trabajo . Se deberá apoyar la formación gremial y la perspectiva de genero de todas las trabajadoras y lideres gremiales para que los aspectos y necesidades de las mujeres trabajadoras estén incluido en las reformas y los acuerdos laborales.

Es imperioso para la región promover reformas tributarias progresivas como un elemento clave para revertir los actuales patrones de desigualdad. Las actuales estructuras tributarias son regresivas, y se sostienen sobre impuestos al consumo que tienen sesgos de género específicos, y afectan especialmente a las mujeres pobres. Se promoverán políticas fiscales redistributivas que graven a las personas con mayores ingresos y que permitan una redistribución  disminuyendo la desigualdad actual.

Esto requiere el compromiso explícito del Estado de aplicar, mecanismos de control y sanción,  frente a la evasión fiscal  sobre todo de grandes empresas y establecer una política fiscal progresiva.  Las organizaciones de mujeres ejercerán  acciones de  vigilancia  a través de observatorios con apoyo  de ONU-Mujeres.

Las políticas de protección social deben proteger pisos de protección social adaptados a las necesidades múltiples y diversas de las mujeres en su diversidad y especialmente para las más expuestas a situaciones de vulnerabilidad como las mujeres campesinas, las indígenas , las afro descendientes, las migrantes, las con discapacidades, y las de la diversidad sexual.  Estas medidas también deben incluir a los niños menores de 5 anos que comparten con las mujeres las mayores proporciones de pobreza y cuyos déficit alimentarios y de estimulación precoz dejan mas secuelas sicofísicas

Desde la perspectiva ambiental, el recurso primario a la tierra   esta en peligro. La reducción de la forestación , la erosión del suelo , las pequeñas islas y los estados en desarrollo en el Caribe están plagadas de desastres naturales que son agravados por el cambio climático . Enfermedades, peste , infecciones virales y otros problemas de salud que destruyen la capacidad de desarrollo especialmente de las  mujeres cuya salud sexual y reproductiva está en riesgo.

Es importante notar que la tierra es critica tanto a nivel urbano como rural  y mas importante en el caso de los pequeños productores de alimentos que integran la cadena de valor de los alimentos. El 70% de la tierra a nivel mundial esta indocumentada, con el desafío de la seguridad de los derechos de tenencia y la calidad de vida de millones de personas. El 70 % de los chacareros de  pequeñas parcelas  deben estar en esta  categoría  .

Asegurar la tenencia de la tierra para las mujeres indígenas , afro descendientes y campesinas de América Latina y el Caribe es clave para asegurarle la producción de su consumo y pequeños excedentes para comerciar y asegurar ingresos para subsistir,

Hablar de empoderamiento económico de las mujeres indígenas está vinculado con la Tierra, el Territorio y los recursos naturales. Desde el punto de vista de las mujeres indígenas, debe tomarse en cuenta  3 aspectos fundamentales. a.)El empoderamiento económico debe ser un proceso, b) articular lo individual con lo colectivo, y c) considerar los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas como fuente de poder.

Los Estados deben apoyar las actividades económicas de las mujeres indígenas, en consulta con ellas y tener en cuenta los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, a fin de fortalecer su liderazgo y mejorar su desarrollo, en particular mediante la igualdad de acceso a los recursos productivos y los insumos agrícolas, tierra, semillas, servicios financieros, agua, energía, tecnología, transporte e información.

En esta perspectiva, la educación para el acceso y uso de las TIC han de considerar el derecho al conocimiento y la libertad de expresión para fortalecer las democracias y las culturas, con políticas públicas, basadas en el respeto a los estados laicos.

Se requiere establecer estrategias para identificar, prevenir, combatir las violencias ejercidas a través de la virtualidad y en este sentido es preciso levantar estadísticas, identificar prácticas nocivas, realizar campañas y contar con mecanismos de denuncia.

En este contexto, es preciso identificar las brechas en el uso y acceso a las TIC entre mujeres, dependiendo de sus condiciones y características particulares.

Facilitar recursos a las organizaciones de mujeres indígenas y afro descendientes para impulsar procesos de empoderamiento individuales y colectivos que abarquen varias dimensiones de la vida, como por ejemplo educación, formación de capacidades y liderazgo, economía y producción, salud sexual y reproductiva, comunicación y nuevas tecnologías, fortalecimiento organizativo, formación de alianzas y participación en espacios de decisión, entre otros.

Exigimos que los gobiernos reorienten sus políticas publicas, para garantizar la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y el Decenio de los afro descendientes especialmente sobre la Tierra, el territorio y los recursos naturales y económicos , tomando como base fundamental el principio universal sobre el Consentimiento Libre Previo e Informado.

Replantear el modelo de desarrollo que promueve el extractivismo y la lógica del capital y centrarlo en el desarrollo humano, la sostenibilidad de la vida y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres y niñas a la educación y la atención integral en salud sexual y reproductiva, específicamente a atención humanizada y de calidad, y a servicios óptimos de salud durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo; garanticen el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia; y promuevan la prevención y la detección oportuna y garanticen el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual.

Los gobiernos de la región deben ratificar e implementar convenios y recomendaciones de la OIT como  el convenio 189  que establece los derechos de las personas empleadas de hogar, que solo ha sido ratificado por 13 países de AL y C,  el convenio 156 respecto a la inclusión en los sindicatos de la perspectiva de genero y la participación de las mujeres ; la ratificación e implementación de la recomendación  200 sobre VIH y derechos sexuales y reproductivos , especialmente de las mujeres y las jóvenes.

¡¡¡Por el empoderamiento social político y económico para las mujeres!!!

 

>Propuestas de las ONG. Descargar